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#LaSillaEnVivo El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostiene que el Senado no se ha pronunciado frente a la primera consulta popular presentada por el gobierno el 1 de mayo. Su argumento es que la mesa directiva no leyó, antes de la votación, la proposición con la solicitud del gobierno para aprobar la consulta popular.  Benedetti se ampara en el artículo 125 de la ley 5, que regula el procedimiento del Congreso. Esta norma estipula que “Cerrada la discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de votarse”. Con esto, el gobierno pretende desconocer el hundimiento de la consulta, justificar que el Senado entró en silencio administrativo y activar la facultad que tiene el presidente para sacar las 12 preguntas por decreto.  “El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará a la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas”, dijo el ministro Benedetti en una rueda de prensa desde el Congreso.  ¿Qué pasa si el gobierno saca ese decreto? En teoría, los colombianos serían llamados a votar en los próximos tres meses desde el 1 junio. Como la consulta no tiene revisión automática por parte de la Corte Constitucional, alguien debería demandar su procedimiento, o su contenido, para que el alto tribunal pueda intervenir.  Es decir, esta jugada del gobierno abriría varios frentes de choques institucionales con el Senado, la Registraduría, que debe organizar las elecciones, y luego la Corte, que puede imponer medidas cautelares para que esa convocatoria a elecciones se suspenda mientras los magistrados toman una decisión de fondo. Un antecedente para comparar la jugada de Benedetti está en la votación de la consulta anticorrupción. Eso fue el 5 de junio del 2018, y en esa ocasión el secretario del Senado tampoco leyó la proposición con la solicitud antes de votarse. Sin embargo, esa consulta fue aprobada, y el gobierno tuvo que llamar a elecciones. Es decir, la falta de lectura de esa proposición en ningún caso vició el pronunciamiento del Senado. O al menos nadie la demandó por eso.
#LaSillaEnVivo El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostiene que el Senado no se ha pronunciado frente a la primera consulta popular presentada por el gobierno el 1 de mayo. Su argumento es que la mesa directiva no leyó, antes de la votación, la proposición con la solicitud del gobierno para aprobar la consulta popular. Benedetti se ampara en el artículo 125 de la ley 5, que regula el procedimiento del Congreso. Esta norma estipula que “Cerrada la discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de votarse”. Con esto, el gobierno pretende desconocer el hundimiento de la consulta, justificar que el Senado entró en silencio administrativo y activar la facultad que tiene el presidente para sacar las 12 preguntas por decreto. “El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará a la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas”, dijo el ministro Benedetti en una rueda de prensa desde el Congreso. ¿Qué pasa si el gobierno saca ese decreto? En teoría, los colombianos serían llamados a votar en los próximos tres meses desde el 1 junio. Como la consulta no tiene revisión automática por parte de la Corte Constitucional, alguien debería demandar su procedimiento, o su contenido, para que el alto tribunal pueda intervenir. Es decir, esta jugada del gobierno abriría varios frentes de choques institucionales con el Senado, la Registraduría, que debe organizar las elecciones, y luego la Corte, que puede imponer medidas cautelares para que esa convocatoria a elecciones se suspenda mientras los magistrados toman una decisión de fondo. Un antecedente para comparar la jugada de Benedetti está en la votación de la consulta anticorrupción. Eso fue el 5 de junio del 2018, y en esa ocasión el secretario del Senado tampoco leyó la proposición con la solicitud antes de votarse. Sin embargo, esa consulta fue aprobada, y el gobierno tuvo que llamar a elecciones. Es decir, la falta de lectura de esa proposición en ningún caso vició el pronunciamiento del Senado. O al menos nadie la demandó por eso.

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