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El lema «Hacienda somos todos», popularizado por la Agencia Tributaria española en campañas institucionales desde finales de los años setenta, sintetiza una de las cuestiones más debatidas en la economía y la política fiscal en España: hasta qué punto el sistema tributario funciona como una herramienta de solidaridad compartida o como un reparto desigual de cargas y beneficios. Según la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y diversos análisis de economía pública como los publicados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el lema responde al principio constitucional de progresividad y suficiencia financiera recogido en el artículo 31 de la Constitución Española. Desde esta perspectiva institucional, los tributos son el instrumento mediante el cual toda la ciudadanía contribuye al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica, permitiendo financiar bienes y servicios colectivos —como las infraestructuras, la justicia, la educación, la sanidad o el sistema de pensiones— que benefician al conjunto de la sociedad y garantizan la cohesión social. Por el contrario, economistas liberales, asociaciones de contribuyentes y análisis críticos como los del Instituto Juan de Mariana o el *think tank* Civismo cuestionan la vigencia real de esa consigna y sostienen que el peso recaudatorio recae de manera desproporcionada sobre las rentas del trabajo y las clases medias. Quienes defienden esta postura argumentan que el contribuyente ordinario soporta una cuña fiscal elevada mediante retenciones en nómina, cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, mientras percibe una asimetría entre el rigor sancionador de la Administración hacia el pequeño autónomo o asalariado frente a los mecanismos de elusión de grandes corporaciones, la economía sumergida o los casos de corrupción y malversación de fondos públicos por parte de responsables políticos. Asimismo, desde el ámbito jurídico y fiscal, organizaciones como el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han señalado distintas grietas en la equidad del sistema, aunque con diagnósticos diferente
El lema «Hacienda somos todos», popularizado por la Agencia Tributaria española en campañas institucionales desde finales de los años setenta, sintetiza una de las cuestiones más debatidas en la economía y la política fiscal en España: hasta qué punto el sistema tributario funciona como una herramienta de solidaridad compartida o como un reparto desigual de cargas y beneficios. Según la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y diversos análisis de economía pública como los publicados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el lema responde al principio constitucional de progresividad y suficiencia financiera recogido en el artículo 31 de la Constitución Española. Desde esta perspectiva institucional, los tributos son el instrumento mediante el cual toda la ciudadanía contribuye al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica, permitiendo financiar bienes y servicios colectivos —como las infraestructuras, la justicia, la educación, la sanidad o el sistema de pensiones— que benefician al conjunto de la sociedad y garantizan la cohesión social. Por el contrario, economistas liberales, asociaciones de contribuyentes y análisis críticos como los del Instituto Juan de Mariana o el *think tank* Civismo cuestionan la vigencia real de esa consigna y sostienen que el peso recaudatorio recae de manera desproporcionada sobre las rentas del trabajo y las clases medias. Quienes defienden esta postura argumentan que el contribuyente ordinario soporta una cuña fiscal elevada mediante retenciones en nómina, cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, mientras percibe una asimetría entre el rigor sancionador de la Administración hacia el pequeño autónomo o asalariado frente a los mecanismos de elusión de grandes corporaciones, la economía sumergida o los casos de corrupción y malversación de fondos públicos por parte de responsables políticos. Asimismo, desde el ámbito jurídico y fiscal, organizaciones como el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han señalado distintas grietas en la equidad del sistema, aunque con diagnósticos diferente

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