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#AlPunto 🎯 Desde ayer, la Alcaldía de Medellín ejecuta el desalojo de 89 familias en el sector El Jardín, comuna 3 (Manrique), con apoyo de la UNDMO (antes ESMAD), Policía y Ejército. La justificación de la alcaldía es un informe del DAGRD que declara la zona de alto riesgo por las quebradas La Mansión y La Máquina, tras la emergencia del 3 de abril que dejó un niño muerto. Teniendo eso en cuenta, la lógica del riesgo es innegable. El problema es ¿CÓMO se está haciendo? Lo grave de la situación empezó cuando habitantes con más de 15 años en el sector denunciaron por medio de redes sociales: (1. Un uso desmedido de la fuerza y golpes a la comunidad (2. Granadas aturdidoras contra población civil, incluyendo niños y adultos mayores (3. Un subsidio de arrendamiento de $600.000 que no alcanza ni para un arriendo digno en la ciudad (4. Cero alternativa habitacional real antes del desalojo. Y así surgió una importante pregunta que no se puede esquivar: ¿la gestión del riesgo justifica que el Estado responda con fuerza pública antidisturbios a una comunidad que exige que no la dejen en la calle? Cuando el mismo aparato diseñado para contener disturbios es el que se usa para sacar familias de sus casas, la línea entre "operativo humanitario preventivo" y represión se vuelve peligrosamente delgada. Organismos de derechos humanos son claros en torno a que “todo desalojo forzoso debe garantizar reubicación digna, no solo notificación y un cheque insuficiente”. Sin eso, no es gestión del riesgo, es desplazamiento forzado con otro nombre. Tras los primeros operativos, seis concejales de distintos partidos ya le pidieron al alcalde Federico Gutiérrez una mesa de diálogo urgente evidenciando que cuando un caso cruza el espectro político completo, algo no está funcionando. En este caso, la seguridad de una comunidad no se puede garantizar violentando su dignidad.
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