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En 2026, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón, cumple una condena de 38 años de prisión en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Fue declarado culpable por una corte federal de Nueva York de cinco cargos, entre ellos conspiración para traficar cocaína, participación en una empresa criminal continuada, recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y realizar declaraciones falsas a las autoridades migratorias estadounidenses.  Pese a ello, Felipe Calderón ha sostenido públicamente que nunca tuvo conocimiento de esas actividades ilícitas. Tras conocerse la sentencia, escribió: “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas” y añadió que, de haber contado con pruebas durante su gobierno, habría actuado conforme a la ley.  En 2011, Felipe Calderon junto a 50 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, acto que fue señalado por sus críticos como un “pacto de silencio” este encuentro buscaba limitar la difusión de información sobre la violencia y evitar cuestionamientos a la estrategia de seguridad del gobierno. Hoy, los hechos jurídicos son públicos: el principal responsable de la estrategia de seguridad del sexenio de Calderón fue condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. La postura de Felipe Calderón también es pública: sostiene que nunca tuvo evidencia verificable de esas conductas. Corresponde a la ciudadanía valorar esa explicación a la luz de los hechos acreditados por la justicia estadounidense.
En 2026, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón, cumple una condena de 38 años de prisión en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Fue declarado culpable por una corte federal de Nueva York de cinco cargos, entre ellos conspiración para traficar cocaína, participación en una empresa criminal continuada, recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y realizar declaraciones falsas a las autoridades migratorias estadounidenses. Pese a ello, Felipe Calderón ha sostenido públicamente que nunca tuvo conocimiento de esas actividades ilícitas. Tras conocerse la sentencia, escribió: “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas” y añadió que, de haber contado con pruebas durante su gobierno, habría actuado conforme a la ley. En 2011, Felipe Calderon junto a 50 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, acto que fue señalado por sus críticos como un “pacto de silencio” este encuentro buscaba limitar la difusión de información sobre la violencia y evitar cuestionamientos a la estrategia de seguridad del gobierno. Hoy, los hechos jurídicos son públicos: el principal responsable de la estrategia de seguridad del sexenio de Calderón fue condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. La postura de Felipe Calderón también es pública: sostiene que nunca tuvo evidencia verificable de esas conductas. Corresponde a la ciudadanía valorar esa explicación a la luz de los hechos acreditados por la justicia estadounidense.

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