@noti..04: Exigen la anulación definitiva de la "LISTA TASCÓN", el cese del veto laboral en la industria petrolera y la aplicación de justicia ante la impunidad de contratistas corruptos Juristas y voceros del gremio jurídico denuncian la persistencia de mecanismos de persecución política que destruyeron el tejido familiar venezolano y propiciaron el éxodo masivo, mientras corporaciones vinculadas a desfalcos millonarios se reciclan impunemente en las licitaciones públicas. Se advierte que la coacción y el veto sistemático en Petróleos de Venezuela (PDVSA) castigan la probidad técnica, dejando el "embudo más ancho para los corruptos y el más angosto para los trabajadores honestos". A más de dos décadas de su instrumentación, la denominada "LISTA TASCÓN" y sus sistemas de control político sucesivos continúan representando una herida abierta en el ordenamiento jurídico y social de Venezuela. Así lo advierten especialistas en derecho laboral y constitucional, quienes denuncian que este registro —lejos de ser un trámite técnico de verificación de firmas— operó como el instrumento de apartheid político más masivo en la historia contemporánea del país. El impacto jurídico y social: Desempleo, ruptura familiar y éxodo forzado Desde el punto de vista legal, la publicitación de las más de 2,4 millones de firmas recolectadas en 2004 para el referéndum revocatorio constituyó una flagrante violación al derecho constitucional a la participación política, al secreto del sufragio y a la no discriminación. En la práctica, esto se tradujo en el despido injustificado e inhabilitación de facto de miles de ingenieros, técnicos y trabajadores de carrera en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la administración pública. Al cerrarse las puertas del sector formal y presionar a contratistas privados para no emplear a los ciudadanos fichados en la lista, el Estado quebrantó el derecho humano al trabajo. Esta asfixia económica deliberada dejó a familias enteras sin medios de subsistencia y se convirtió en la antesala directa del éxodo masivo de talento humano que hoy sufre la diáspora venezolana. El doble rasero institucional: El embudo ancho para los corruptos El gremio jurídico recalca la profunda contradicción ética y legal que impera en el sistema de contratación pública actual: mientras el ciudadano de a pie y el profesional probo sufren un veto implacable por haber ejercido sus derechos o negarse a convalidar actos irregulares, las redes de corrupción disfrutan de impunidad absoluta. "Estamos ante un sistema de doble rasero intolerable. El embudo es infinitamente ancho para los corruptos, las empresas de maletín y los intermediarios responsables de desvíos millonarios de fondos públicos, quienes tras cometer fraudes son reciclados bajo nuevas razones sociales para volver a ganar licitaciones. En contraparte, el embudo es angosto y asfixiante para el venezolano honesto, para el trabajador técnico que se niega a robar o para quien alzó su voz en el pasado", denuncian los expertos legales. Exigencias constitucionales y llamado a la jurisdicción nacional Ante esta realidad, los juristas y defensores de los derechos laborales exigen al Estado venezolano: La anulación y depuración absoluta de la "LISTA TASCÓN" y cualquier base de datos análoga de persecución política en los sistemas de recursos humanos del sector público y de PDVSA. La inhabilitación permanente y efectiva en el Registro Único de Contratistas (RUC) de todas las empresas y directivos vinculados a desfalcos, sobreprecios e incumplimientos financieros, cerrando el paso a su reingreso en las licitaciones del Estado. El cese de la coacción laboral que obliga a los trabajadores de la industria a la sumisión política o a participar en redes de corrupción para conservar su empleo. La reparación integral de los derechos laborales y previsionales de los profesionales de carrera injustamente desplazados, restituyendo la meritocracia como pilar fundamental de la administración pública.

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Monday 02 November 2026 01:06:56 GMT